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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <content Name="NUEVAS NOTICIAS"> <article Thumb="news/thumb1.jpg" Large ="news/large1.jpg"> <headline>¿Congelando a Pascua Lama?</headline> <date>segunda quincena agosto 2010</date> <copy_intro><![CDATA[El pasado miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados argentina dio su aprobación a un proyecto de ley que busca proteger los glaciares y las zonas aledañas a ellos.]]></copy_intro> <copy_full><![CDATA[El pasado miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados argentina dio su aprobación a un proyecto de ley que busca proteger los glaciares y las zonas aledañas a ellos. De ser promulgada, la normativa impediría la explotación minera en la cordillera y podría afectar la continuidad del megaproyecto Pascua Lama. El promotor del proyecto es el diputado Miguel Bonasso, alguna vez cercano a Néstor y Cristina Kirchner pero, desde hace un par de años, es un declarado opositor. Motivo: La cercanía del gobierno argentino con las poderosas empresas de explotación minera, como la Barrick Gold. Si hubiera que partir por una fecha, esta tendría que ser octubre de 2008. En aquella oportunidad, la diputada Marta Maffei, opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, promovió y logró la aprobación unánime en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley pionero en su materia en el mundo. Se denominaba "Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares". Consecuentemente, dicha ley, la 26.418, establecía la imposibilidad de toda actividad minera o industrial en glaciares, en la llamada zona periglacial, o que pudiera utilizar el agua de estas formaciones. Por si no ha quedado claro: En las alturas de la cordillera de Los Andes, así como en otros macizos montañosos de Argentina y Chile, donde se localizan formaciones glaciares, en los últimos años, se han instalado explotaciones mineras de gran escala. Sus procesos industriales consumen millones de litros de agua. En el caso del polémico Pascua Lama, en su planta industrial hidroquímica (que se ubicaría de lado argentino), la lixiviación -donde se depura el material extraído para obtener oro- utiliza cantidades monumentales de agua, que se obtiene derritiendo los glaciares. En este procedimiento, el líquido elemento se mezcla con cianuro. Es decir, la megaminería no sólo contamina sino que su funcionamiento impacta el recurso hídrico de la zona, de un modo gigantesco. O de un modo insospechado cabría decir. El segundo hito es poco después. El 11 de noviembre de 2008, el proyecto aprobado por el Congreso argentino fue vetado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 1837/08. En el documento se plantea como causal de veto las dificultades en las demarcaciones de límites fronterizos entre Chile y Argentina (que pasan por algunos glaciares), pero la razón clave fue que "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas". A renglón seguido señalaba: "Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias"(1). Una de estas es San Juan, cuyo gobernador es José Luis Gioja. Su hermano es el senador nacional César Gioja y presidente de la Comisión de Minería. El tercer hermano, Juan Carlos, es diputado. Todos militan en el partido Justicialista y en la coalición de Gobierno, el Frente para la Victoria (FpV). La opinión del gobernador Gioja es bastante influyente en las decisiones gubernamentales. Una ley de protección de glaciares es un obstáculo importante para una actividad industrial que es clave, a su juicio, para su provincia. Cabe recordar que en 1994, tras una reforma legal durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, las provincias pasaron a administrar sus recursos naturales. En San Juan se encuentra el yacimiento aurífero de Veladero, propiedad de Barrick Gold, y en la misma provincia se desarrollaría Pascua Lama. En aquellos días de diciembre de 2008, la decisión presidencial fue recibida con desagrado por los parlamentarios patrocinantes y sectores ecologistas, como las asambleas populares agrupadas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). Un mes después, Romina Picolotti, secretaria de Medio Ambiente, era despedida por una presunta malversación de caudales públicos en su repartición. ESCOMBROS Miguel Bonasso, diputado por la ciudad de Buenos Aires, fue uno de quienes hace dos años apoyó la ley de protección a los glaciares. Tras el veto presidencial, el también periodista y escritor, de histórica afinidad peronista, se transformó en un declarado opositor al gobierno de Cristina Fernández. Los motivos para este viraje habría que buscarlos en la trama oculta del veto. Bonasso, quien además es presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ha declarado que Romina Picolotti le confidenció, en diciembre de 2008, que el decreto presidencial se debió a la presión de los gobernadores de las provincias cordilleranas. "Pocos días antes que la echaran del Gobierno, me citó a una reunión sin mayor trascendencia, con nuestros respectivos asesores. Me sacó aparte -habían pasado dos días después de que Cristina vetó la ley- y me dijo: ¿Sabes por qué Cristina vetó la ley? (.) Porque Gioja la presionó que no le vota las leyes a ella en el Senado, ni le votan sus diputados en la Cámara si no veta la ley de glaciares". En el reportaje televisivo "El último veto", emitido por canal Trece de Argentina, en diciembre de 2009, la ex secretaria del Medio Ambiente ahondó de un modo dramático en los sucesos que derivaron en su salida del cargo. "Yo misma he recibido amenazas por las políticas que quería implementar en el sector minero (.) Amenazas de muerte, a la hora en que los chicos salen a la escuela, a la hora que los chicos están solos en casa, y todo eso te genera una sensación de zozobra, de impotencia"(2). La ex funcionaria responsabilizó de esas amenazas a Barrick Gold, durante su comparecencia al parlamento canadiense, que investigaba el accionar de la compañía minera en Sudamérica. En abril de este año, Bonasso volvió a presentar el proyecto que había sido vetado. Sin embargo, otro cuerpo legal había aparecido en el horizonte. En octubre del año pasado, Daniel Filmus, senador del FpV, y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, presentó al Senado un proyecto de ley que se declaraba "superador" del de Maffei/Bonasso. La posición del senador había sido respaldada por Greenpeace-Argentina, en las palabras de su director de campañas, Juan Carlos Villalonga. (Con el proyecto Maffei/Bonasso) "estás defendiendo un área de protección que no definís. Es un proyecto muy genérico y es peligroso. El proyecto de Filmus hace el esfuerzo de definir con precisión el área. Puede ser mejorado y tendría una buena definición". EL CRUCE DE LOS ANDES En junio pasado, Cristina Fernández era muy criticada por su cercanía a Barrick Gold. Sostuvo una reunión paralela a la del G20, con Peter Munk, el dueño de la minera canadiense. También viajaron a ese cónclave los gobernadores de las provincias cordilleranas (San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero), prueba de lo jugados que están con los proyectos mineros. Un ejemplo que linda la bizarrez. En enero de este año se realizó un cruce cordillerano para celebrar el Bicentenario de ambos países, desde San Juan hasta Chile, y en la delegación iban José Luis Gioja, junto a autoridades sanjuaninas, además de un grupo de dirigentes regionales chilenos. Lo extraño fue ver al embajador canadiense, Timothy Joseph Martin, quien cruzó la cordillera con la bandera de su país en la mano (ver foto). Es decir, el homenaje al cruce del ejército libertador de Los Andes se hizo con la bandera de un tercer país: Canadá, el país de la Barrick Gold. Para las organizaciones sociales argentinas, opuestas a la megaminería, esto fue un evidenciamiento de la implantación de "un tercer país" en lo alto del macizo cordillerano. ¿Un país llamado Pascua Lama? Por si quedaran dudas, a inicios de agosto, el gobernador Gioja criticaba a aquellos que viven a 1.200 kilómetros de la Cordillera y vienen "a hablar de montañas, de glaciares y demás, cuando no las han pisado, cuando no las conocen". Su opinión no es menor, dadas sus posibilidades como vicepresidente del FpV de integrar una posible fórmula presidencial de la coalición con Néstor Kircher, el 2011. Gioja se queja de las denuncias sobre contaminación minera en su provincia: "Hay pequeñas minorías que no quieren aceptar la posibilidad de que tengamos trabajo digno, de que nos desarrollemos. A cualquier tipo le preguntás por un país de América Latina y te dice Chile. Chile está llegando al 70 por ciento de su producto bruto interno que tiene que ver con la minería. ¿Y por que Chile sí, que tiene Cordillera, y nosotros, que tenemos la misma Cordillera, no? A ver, con racionalidad. ¿Cuáles de las denuncias son las que tienen sentido? Porque no hay ninguna."(3). DÍAS CLAVE Los días de las definiciones llegaron. Primero, el 14 de julio, el mismo día en que se votaba la ley de matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de ley de Bonasso. En los días siguientes, Bonasso y Daniel Filmus acordaron modificaciones a sus proyectos con miras a una fusión. "Es importante entender que ésta no es una ley sobre minería, sino una ley de medio ambiente", declaraba en esa semana el senador del FpV. Los acercamientos no estuvieron exentos de polémica. Bonasso acusó al diputado sanjuanino Juan Carlos Gioja de ser socio minoritario de la Barrick Gold: Su empresa Bentonita Santa Gema sería proveedora de la megaminera canadiense. Gioja negó tales imputaciones. A esos dichos, se sumaron las críticas del mismo Bonasso (y de otros diputados de la oposición) al secretario de Minería nacional, Juan Carlos Mayoral, de quien se dijo que tiene participación accionaria en la empresa Millston, "que comparte dirección postal en la ciudad de Buenos Aires con Barrick Gold". Hubo más. A inicios de agosto, y en dos oportunidades, parlamentarios oficialistas no dieron el quórum en la Cámara para una sesión donde el proyecto de ley se debatiría. El diputado Gioja lo había confirmado: "No vamos a bajar al recinto. Ellos tienen el número necesario, que lo consigan"(4). Sin embargo, el pasado miércoles 11, el proyecto fusionado de Bonasso y Filmus fue aprobado en media sanción por la Cámara y ahora debe pasar al Senado. Desde el Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner ha indicado que no la vetará y promulgará la ley, en el evento de ser votada mayoritariamente en la Cámara Alta. La mandataria ha puesto como prueba de esa decisión su histórico apoyo a la protección de los glaciares, ya en los años '90. "Esta presidenta siempre defendió el patrimonio de todos los argentinos, recorriendo el país por los glaciares y el campo de hielo. No era políticamente correcto tener planteos por ser tachados de nacionalistas" (5). Los sucesivos acontecimientos serán clave para la llamada "Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial". Habrá que considerar algunos antecendentes: El ya anticipado boicot de las mineras al proyecto de ley en el Senado, anticipado por Greenpeace-Argentina; la segura oposición de las autoridades provinciales; y, por qué no, las elecciones presidenciales argentinas, en 2011. Sin embargo, de promulgarse la ley, la megaminería encontrará un obstáculo impensado. Del tamaño de la Cordillera. Un obstáculo que no sólo puede congelar Pascua Lama sino otros emprendimientos mineros ya en funcionamiento, como el de Veladero. QUÉ SEÑALA EL PROYECTO El proyecto aprobado el 11 de agosto, en la Cámara de Diputados argentina, que unifica los anteriores de Miguel Bonasso y Daniel Filmus, se llama "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial". La normativa define al glaciar como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación" (artículo 2). ¿Qué es el ambiente periglacial?. Para el mismo artículo es "(.) en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo". Los glaciares son entendidos como "un bien público" (artículo 1). Su protección se debe a que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico". Es decir, se deshecha cualquier posibilidad de usar el agua de los glaciares como insumo para actividades industriales y/o mineras. En ese sentido, el artículo 6 indica que, no sólo se prohíben las obras y faenas industriales sino que además, "la exploración y explotación minera e hidrocarburífera". También en el área periglacial". Se proscriben las actividades "que impliquen su destrucción o traslado o interfieran" el avance de los glaciares. Debe recordarse que una de las tretas publicitarias de Barrick Gold, en el caso chileno, fue señalar que trasladaría los glaciares para su protección. Las actividades impedidas serían: "La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen". Para un catastro nacional de glaciares, de la zona periglacial y su respectivo estado de conservación, el proyecto de ley señala la necesidad de crear el "Inventario Nacional". A cargo de este, quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) "con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley". Es importante la definición de una autoridad nacional, no provincial, en dicho sentido. Otro punto importante es que el artículo 17, señala en el caso de las "áreas potencialmente protegidas por la presente ley", no se autorizará la realización de nuevas actividades "hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger". Es el Ianigla el encargado de estos procedimientos.]]></copy_full> <copy_pic><![CDATA[Ley de protección a glaciares en Argentina: ¿Congelando a Pascua Lama?]]></copy_pic> </article> <article Thumb="news/thumb2.jpg" Large ="news/large2.jpg"> <headline>Embalse Puntilla del Viento</headline> <date>segunda quincena agosto 2010</date> <copy_intro><![CDATA[La comunidad Arriba Aconcagua, que agrupa a más de 30 juntas de vecinos y comunidades mapuche del sector, lleva más de tres años luchando contra la construcción del embalse Puntilla del Viento, que desplazará a más de 600 familias y atentará contra el entorno natural de la cuenca del río Aconcagua.]]></copy_intro> <copy_full><![CDATA[La comunidad Arriba Aconcagua, que agrupa a más de 30 juntas de vecinos y comunidades mapuche del sector, lleva más de tres años luchando contra la construcción del embalse Puntilla del Viento, que desplazará a más de 600 familias y atentará contra el entorno natural de la cuenca del río Aconcagua. El proyecto, que desde diciembre de 2006 está en Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), en la Conama de Valparaíso, pronto tendrá resultados ya que para el 27 de agosto próximo (ahora se extendió hasta el 14 de octubre de 2010) está programado el cese de los plazos de evaluación. Enclavada a más de 12 kilómetros de la ciudad de Los Andes hacia la Cordillera, vive la familia de Juan Calquín Lemún. Por más de 300 años, sus antepasados han habitado el sector de Primera Quebrada, en las faldas del río Aconcagua, principal afluente de los valles de la Región de Valparaíso. Desde hace tres años su vida se ha visto alterada, tras el interés del Ministro de Obras Públicas (MOP) en instalar, a pocos metros de su casa, un embalse con capacidad de 85 millones de metros cúbicos de agua y que abarcará más de 450 hectáreas de superficie inundada. El proyecto, llamado Puntilla del Viento, pretende favorecer productivamente la 1ª y 2ª sección de riego del río Aconcagua que incluye a las comunas de Catemu, Panquehue, San Felipe, Santa María, San Esteban, Rinconada, Los Andes y Calle Larga. Sin embargo, el impacto por su instalación hará que más de 600 familias -incluída la de Juan Calquín- tengan que abandonar sus territorios. A su vez, implicará la desaparición de once sitios arqueológicos, la pérdida de la vegetación y suelos, y el desvío de la ruta internacional CH-60. Juan y los muchos comuneros y vecinos que se verán afectados por la aprobación del embalse están indignados por la desprotección que sienten de las autoridades, quienes minimizan los efectos que tienen su desplazamiento y la destrucción de su hábitat. "Aquí han venido muchos técnicos y autoridades del MOP a indicarnos que nos darán nuevos terrenos y sobre los beneficios que tendremos para nuestras cosechas con la construcción del embalse. Nosotros no somos tontos y sabemos que hay muchos intereses económicos detrás de todo esto y por sobre todo de Codelco Andina, quienes son los más beneficiados con el embalse". LAS BASES DEL PROYECTO Según el informe del Ministerio de Obras Públicas, entregado a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) de Valparaíso, la construcción del embalse tiene como fin "mejorar la seguridad de riesgo de la zona". Dentro de los fundamentos del proyecto, el MOP señala que dado los fenómenos climáticos, más la alta producción frutícola y minera de la zona, "hacen necesario la construcción del embalse". Para su construcción, al proyecto se le ha destinado una inversión de 115 millones de dólares, los que ya fueron aprobados por la Contraloría General de la República y solo resta esperar la resolución del Seia. A su vez, dentro de su plan de mitigación, el informe presenta una serie de medidas tendientes a "aminorar, restaurar y compensar los impactos provocados por la construcción y operación de las obras". Entre éstas se cuenta un "Plan de Mejoramiento Social, que incluye un programa de relocalización de las familias a dos nuevos villorrios, con apoyo psicológico y de adaptación en el proceso de expropiación de los terrenos, generación de nuevas fuentes laborales" y, por sobre todo, "un plan de desarrollo cultural que promueva la reidentificación territorial y reintegración de las familias como comunidad". COMUNIDADES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS Para el lonko Miguel Antilef la situación se pondrá muy seria si aprueban el proyecto, ya que la comunidad completa de Arriba Aconcagua no dará un pie atrás en la lucha contra el embalse. "Para nosotros, en especial para nuestra gente mapuche, esto no nos hará aminorarnos frente a las autoridades chilenas, quienes quieren nuestras tierras ancestrales para lucrar con intereses privados en desmedro de nosotros. Si es aprobado el proyecto nos iremos a la lucha al igual que nuestros hermanos en el sur. ¡Pelearemos por nuestras tierras!", aseguró. La misma postura muestra María Enriqueta Morales, quien llegó a la zona a mediados de los años ochenta en busca de un lugar apacible y acogedor en la precordillera de Los Andes. "Aquí ninguna autoridad se ha preocupado por el valor emocional y el cariño que le tenemos a esta tierra. Sabemos que es importante contar con el agua para nuestros cultivos y consumo básico, pero no a cualquier costo. Hemos alzado nuestras voces en contra de este proyecto y tenemos la confianza que será rechazado una vez más por el grave impacto que tendrá en la gente, nuestro entorno natural y el valor patrimonial que hay aquí". Y es este último punto el que Morales dice que es lo que hace que el proyecto de construcción esté todavía en evaluación. En la zona existe un centenar de rocas (ver fotografía) que contienen petroglifos mapuches (Kuifique Puwirin), los que con el embalse quedarán bajo el agua. Tanto en el Consejo de Monumentos Nacionales como en la Municipalidad de Los Andes desean que estos sitios arqueológicos sean protegidos, sin embargo, todo está sujeto a la resolución del estudio de impacto ambiental. Para las autoridades locales, tanto para los municipios afectados como para la gobernación provincial y parlamentarios de la zona, el tema aún no es debatible ya que se encuentra en proceso de estudio. Según la última resolución de la Conama de Valparaíso, el 27 de agosto (ahora será el 14 de octubre de 2010) habrá novedades sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto y se podrá entrar en debate. Un debate que para los mapuche de la zona no tiene sentido puesto que desde su cosmovisión no hay nada que debatir. ]]></copy_full> <copy_pic><![CDATA[DIRIGENTES EN PETROGLIFO.]]></copy_pic> </article>
probe cambiando los parametros de <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
pero de igual forma no me funcino al cargar en flash el articulo
porfavor si alguien me puede orientar o ayudar con este problema
estare muy agradecido
